Para detallar el papel de EE.UU. en Colombia y para explicar porqué Bush decidió cazar organizaciones colombianas como parte de la “guerra contra el terrorismo” El MIM ha decidido imprimir el siguiente artículo. El MIM piensa que el pueblo colombiano debería tomar el camino preparado por el Camarada Gonzalo y el PCP. Y aunque tenemos diferencias con las FARC-EP también tenemos el deber de desenmascarar los propósitos del Tío Sam, sin importar en contra de quién los dirija.

Por Doug Stokes.

Traducido por Células de Estudio para la Liberación de Aztlán y América Latina.

Durante la década de los 80 tomaron un nuevo carácter las operaciones contrainsurgentes de EE.UU. y se convirtieron en lo que hoy se conoce como una Guerra de Baja Intensidad. Este cambio fue resultado de dos importantes lecciones que los directores estadounidenses sacaron de la experiencia de la guerra contra Vietnam.

En primer lugar, el público norteamericano no estaba preparado para aguantar grandes pérdidas en las guerras imperialistas en el mundo en desarrollo. Entre los estrategistas norteamericanos este fenómeno se denomina “Síndrome de Vietnam”; imágenes de fallecidos soldados norteamericanos llegando a casa en bolsas de cuerpo.

En segundo lugar, y aun más importante, los estrategistas reconocieron que el blanco principal de las campañas de baja intensidad no es la victoria militar. Ahora el objetivo es una manipulación de la opinión pública en el contexto doméstico e internacional y una defamación política del enemigo.

A consequencia de esto la guerra sicológica estadounidense se volvió importantísima y una manipulación de la opinión unánime se convirtió en el nucleo de la victoria en general. En pocas palabras, la victoria prosigue de la destrucción del apoyo popular del enemigo. Esta nueva guerra de baja intensidad se usa bastante hoy en Colombia. Las encuestas sobre la opinión pública en el año 1987 pusieron de relieve que el 76% de todos los americanos creían que el gobierno colombiano era un gobierno corrupto y el 80% buscaban sanciones para éste. Para el año 1991 la imagen del estado colombiano sufrió más daños cuando el gobierno colombiano se rehusó a entregar al infame narcotraficante Pablo Escobar. Como respuesta a todo esto el estado colombiano comenzó su propia guerra de baja intensidad para conquistar la mente y el corazón del público norteamericano.

Colombia contrató los servicios del grupo Sawyer y Miller, una compañía de relaciones públicas que ingresó casi un millón de dólares en derechos y gastos tan sólo durante la primera parte del 1991. La tarea de los especialistas fue transformar la imagen del estado colombiano y hacerlo parecer un aliado incondicional de EE.UU. en la llamada “guerra contra el narcotráfico” en vez de un régimen corrupto y atropellador de los derechos humanos.

El director a cargo del portafolio Colombia del grupo Swayer y Miller explicó que “la misión principal es educar a los medios de comunicación estadounidenses sobre Colombia, conseguir buenas coberturas y fortalecer relaciones con periodistas, escritores y grupos de intelectuales especializados. Nuestro mensaje es que en Colombia hay personas ‘malas’ al igual que personas ‘buenas’ y que el gobierno es el lado bueno.”

Para popularizar esta imagen y asesorar la opinión pública, el grupo Sawyer y Miller realizó encuestas y juntas de grupos de enfoque. Tan sólo en 1991, Colombia pagó $3.1 millones de dólares por una campaña de anuncios. Los anuncios se dirigían a los legisladores norteamericanos en Wáshington y se colocaron en los periódicos y en la televisión. Todos los anuncios compartían el mismo tema. Los anuncios buscaban cambiar la imagen de la relación entre Colombia como proveedor de droga a EE.UU. como el consumidor, y pedían al pueblo norteamericano que no se olvidara de la valentía de las fuerzas armadas colombianes en la guerra contra el narcotráfico.

Cada vez que algún noticiero norteamericano pedía entrevistas con oficiales del gobierno colombiano, la solicitud pasaba por las manos de Sawyer y Miller. Periodistas afinos luego eran conducidos por Sawyer y Miller a los ministerios claves del gobierno mientras el grupo se aseguraba de que no se acercaran los periodistas que criticaban el espantoso historial de derechos humanos en Colombia. Hubo un caso en el cual después de un mitin con Warren Hodge, el jefe de redacción del periódico New York Times, este diario publicó una pieza larga e incorrecta en la cual se le endosaba al entonces presidente colombiano, César Trujillo, quien había realizado su campaña electoral con dinero del narcótrafico. El gobierno colombiano adquirió el derecho de imprenta de la pieza y prosiguió a enviar miles de copias a periodistas norteamericanos y embajadas.

Por lo regular, el grupo Sawyer y Miller usa a la prensa norteamericana para distribuir propaganda pro-gobierno de Colombia y sus operaciones comunes incluyen imprimir folletos, mandar cartas a la redacción con firmas de oficiales colombianos y colocar anuncios en los periódicos New York Times y el Washington Post.

Sin embar, lo que ha tenido mas consecuencia es la transformación de los protagonistas armados en el conflicto en Colombia. Según documentos que acaban de ser declasificados, Myle Frechette, el embajador estadounidense a Colombia durante el año 1996, confiesa que la imagen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como narcoguerrilleros “fue creada por las fuerzas armadas del estado colombiano, que lo consideraban un modo de ganar ayuda norteamericana en la guerra de contrainsurgencia.”

Parece que el trabajo de relaciones publicas ha funcionado. Hoy Colombia se ha convertido en el tercer receptor más grande de ayuda militar norteamericana en el mundo. Se supone que esta ayuda sirve para la ofensiva en contra de las FARC que han sido calificados como los principales narcoterroristas.

En el año 2000 el senador demócrata Joseph Biden dijo que “en la historia contemporánea nunca ha habido semejante oportunidad para dar un golpe contra el origen de todas las dimensiones del narcotráfico. Es importantísima para los intereses nacionales de EE.UU. la ayuda a Colombia, pues es la fuente de muchas de las drogas que envenenan a nuestra gente.” Peter F. Romero, ayudante al Secretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental bajo la administración de Clinton, dijo que “Colombia debe restaurar la autoridad sobre los ‘santuarios’ de la producción de narcóticos. Una solución completa para los problemas de Colombia debe contener la restauración de la autoridad estatal en estas areas sin ley. Para lograr el objetivo sugerimos prestarle al gobierno de Colombia la potencia aérea para poder penetrar profundamente en las regiones sin ley y establecer ahí la seguridad para sus oficiales.”

La elección de Bush y los ataques del 11 de septiembre han resultado en una nueva orientación “antiterrorista” en la política norteamerican en relación a Colombia. Colombia es parte del plan de la administración de Bush y John Ashcroft, el Fiscal General de EE.UU. quien dice que “El Departamento de Estado ha declarado que las FARC es el grupo internacional terrorista más peligroso en todo el hemisferio occidental” que ha “llevado a cabo una campaña terrorista en contra de ciudadanos colombianos y estadounidenses.”

Al principo presentaban la política norteamericana como una campaña contra el narcotráfico pero ahora se justifica como una campaña antiterrorista. Las guerras norteamericans en Colombia contra el narcotráfico y contra el terrorismo.

Entre los años 2000 y 2001, Wáshington envió $1.3 mil millones de dólares a Colombia para llevar a cabo las guerras norteamericanas contra el narcotráfico y el terrorismo y ya se han preparado $700 millones más para el 2003. Estas sumas llegan a parar en los cofres del estado y las fuerzas armadas de Colombia. Las instrucciones de EE.UU. indican que las fuerzas armadas de Colombia deben enfocar la guerra contra los insurgentes rebeldes izquierdistas de las FARC en el sur del país ( lo que EE.UU. llaman ‘un empujón al sur). Éstos “narcoguerrilleros” y “narcoterroristas” deberán ser el blanco porque se supone que ellos son los principales “terroristas” y narcotraficantes.

James Milford, el ex-Administrador Sustituto con la principal organización norteamericana para la eliminación de drogas, la DEA, dijo en 1997 que el jefe de la organización paramilitar AUC es “en sí un principal traficante de cocaína” y que está muy relacionado con el sindicato narcotraficante Valle del Norte el cual es “uno de los grupos narcotraficantes más potentes de Colombia.” Añadió también que “hay pocas pruebas que indiquen que las organizaciones insurgentes trafican la cocaína por medio de producción, venta a los sindicatos mexicanos o sus propias redes de distribución en EE.UU.”

Donnie Marshal, el actual Administrador Susitituto de la DEA, dijo en el 2001 ante la Cámara Menor de la Justicia Criminal, Política de Drogas y Recursos Humanos que las “FARC controlan algunas regiones de Colombia y estas regiones generan ingresos por medio de impuestos sobre actividades relacionadas al narcotráfico.” Luego añadió categóricamente que “presentemente no se ha confirmado ninguna información que vincule a las FARC con la exportación de drogas colombianas destinadas al mercado internacional.”

Al igual que Milford, el director de la DEA reitera que al contrario de las FARC, los grupos paramilitares derechistas “generan ingresos por medio de la extorsión o protección de operaciones en los laboratorios del norte y centro del país. La organización de Carlos Castaño y quizás otros grupos paramilitares parecen estar directamente involucrados en la producción de cocaína. Por lo menos uno de estos grupos parece estar involucrado en la exportación de cocaína desde Colombia.”

El Senador Joseph Biden envió un informe parecido al Comité de Relaciones Extranjeras del Senado estadounidense el cual decía que “la organización de Castaño y quizás otros grupos paramilitares parecen estar directamente involucrados en la produccion y exportacion de cocaína en Colombia.”

Klaus Nyholm, el director de la agencia para el control de drogas de las Naciones Unidas en Colombia, la UNDCP, dijo que “los guerrilleros se distinguen de los narcotraficantes. Los frentes regionales son autónomos. Pero an algunas regiones no se involucran para nada. En otras regiones les dicen a los campesinos que no siembren coca.” En cuanto a la ex-zona no-militarizada (DMZ), Nyholm dijo que “la producción de droga no ha bajado pero tampoco ha aumentado” desde que “las FARC tomaron el poder.” De hecho, Nyholm argumentó que antes de que llegaran las fuerzas armadas colombianas y antes de la campaña paramilitar en contra de la DMZ, las FARC cooperaban con un proyecto estimado en 6 millones de dólares iniciado por las Naciones Unidas para sustituir la siembra de coca con otro típo de desarrollo no prohibido.

Queda bien claro que los rebeldes no son los narcotraficantes internacionales y que el míto de los narco-guerrilleros es una propaganda y un pretexto útil para la intervención norteamericana en el conflicto colombiano.

Un distinguido especialista en contrainsurgencia norteamericano John Waghelstein explicó la importancia de la idea de los “narcoguerrilleros” que sirve para “hacer una conexión en la mente del público norteamericano y el congreso que resulte en apoyo esencial para combatir a los narco-terroristas y guerrilleros del hemisferio. Sería díficil para el congreso tener que bloquearles a nuestros aliados el entrenamiento, los consejeros y la seguridad esencial para lograr el objetivo. Dentro del debate ético se encontrarían del lado equivocado aquellos grupos religiosos y académicos que vergonzosamente han apoyado a la insurgencia en América Latina. Y sobre todo tendríamos una intocable posición moral para lanzar un ataque determinado empleando los recursos del Departamento de la Defensa y otros medios.”

Pero aun más importante es el hecho de que EE.UU. confunde el lugar que ocupan los paramilitares patrocinados por la droga en su guerra sucia contra la sociedad civil de Colombia por medio de la asociación de los rebeldes con el narcotráfico. El papel de EE.UU. en el terror paramilitar contra la población civil de Colombia resalta aún más si uno toma en cuenta el hecho de que los asesores militares norteamericanos viajaron a Colombia en 1991 para renovar las redes de inteligencia del país. Se supone que la renovación debería ayudar a las fuerzas armadas de Colombia en sus esfuerzos contra el narcotráfico.

Una de las ONGs que investigan los derechos humanos, Human Rights Watch, consiguió una copia de las instrucciones. El narcotráfico no se menciona ni una sóla vez. La renovación secreta solamente trataba de combatir lo que se llamaba “la intesificación del terrorismo por la subversión armada.”

Con la renovación se concretó la relación entre las fuerzas armadas colombianas y las redes narcoparamilitares, las cuales en realidad consituyen “una red secreta que confía en los paramilitares no unicamente para conseguir inteligencia pero también para llevar a cabo asesinatos”. Las intrucciones indicaban que al terminar la renovación todo el “material escrito deberá ser eliminado” y además los paramilitares deberían “evitar contacto e interacción con grupos militares.”

Stan Goff, un ex-entrenador de las fuerzas especiales estadounidenses de Colombia ha dicho que cuando él entrenaba a las fuerzas especiales de Colombia en Tolemaide en el ’92 su equipo “estaba ahí supuestamente para contribuir al esfuerzo contra el narcotráfico.” Él “enseñaba a las fuerzas armadas la ciencia de la infantería contrainsurgente” y “reconocía muy bien, igual que los comandantes colombianos que el narcotráfico no era más que un pretexto para fortalecer la potencia de las fuerzas armadas que al cabo de años de excesos perdieron la confianza popular.”

No cabe duda que EE.UU. ha fortalecido el enlace entre los terroristas principales de Colombia, las fuerzas armadas colombianas y sus aliados paramilitares, estos últimos siendo responsables de más del 80% de los abusos de derechos humanos en el país.

Como ya hemos explicado, las mismas agencias norteamericanas han dicho que los paramilitares son unos de los narcotraficantes más grandes que existen hoy en Colombia. En realidad, el apoyo militar norteamericano llega directo a las principales redes terroristas de Colombia las cuales exportan cocaína a EE.UU. para juntar fondos para su operación y para quienes EE.UU. han sido el eje para perfeccionar la creación de lo que Human Rights Watch ha nombrado un “aparato sofisticado que permite que las fuerzas armadas colombianas realicen una guerra sucia al mismo tiempo que los oficiales la niegan.”

Como parte de la lucha mundial en contra de la Unión Soviética, EE.UU. lanzaron sus campañas contrainsurgentes en contra de los socialdemócratas, los socialistas, los nacionalistas independientes y incluso la Iglesia Católica durante la guerra fría. Para poder vender su política imperialista durante la época después de la guerra fría, EE.UU. han tenido que adaptar una nueva línea de relaciones públicas. Los narcoguerrilleros y el contraterrorismo sirven como salidas útiles para la operación de relaciones públicas la cual permite que EE.UU. confunda al “enemgio oficial” con el terrorismo y el narcotráfico.

Al fondo de estos mítos se encuentra el hecho de que la combinación del estado colombiano, su extensión particular (los paramilitares) y el apoyo norteamericano resulta en la muerte y desaparición de miles de ciudadanos colombianos. La guerra terrorista de Norteamérica contra la sociedad civil de Colombia encaja en el marco de la política estadounidense en toda América Latina que ha causado la muerte de cientos de miles de civiles.

¿Porqué hace EE.UU. estas cosas? Entre otros elementos al fondo de la política norteamericana está la importancia del petróleo colombiano y venezolano para la energía norteamericana. Una delicada situación en la región que acompañaría la victoria de los rebeldes podría desnivelar el balance de las potencias y poner en peligro los intereses de grandes compañías petroleras internacionales norteamericanas. Todo esto se pone bien claro si se considera que la adminstración de Bush ha pedido $98 millones de dólares para proteger las 500 millas de la tubería petrolera Cano Limón que pertenece a la compañía Occidental Petroleum con un equipo militar colombiano especializado.

El senador republicano Paul D. Coverdell explicó que “un desequilibrio en Colombia tendrá consecuencias en Venezuela que ahora se considera nuestro proveedor principal del petróleo. De hecho, hoy el panorama en América Latina es parecido al del Medio Oriente con la única excepción de que ahora Colombia nos da más petróleo que el que conseguíamos en Kuwait.

“Esta crisis, igual a la de Kuwait, amenaza con extenderse a otros países que son nuestros aliados.” Entonces resulta que la guerra en contra de los rebeldes es parte de la estrategia clásica de contrainusrgencia la cual destruye a las fuerzas nacionalistas que amenazan al monopolio estadounidense e intereses privilegiados en toda América Latina.

El apoyo militar fortalece y justifica el aparato represivo del estado colombiano y su extensión clandestina, los paramilitares. De esta manera el estado colombiano puede silenciar y asesinar a los que critican el status quo que condena a la mayor parte de la población a la pobreza y al 25% de todos los colombianos a la miseria.

EE.UU. destruyen la posibilidad de un plan de organización social y económica alternativo y aumenta el precio de organizaciones laborales y críticas a favor de opciones de desarrollo alternativas. La élite colombiana y norteamericana se vale de cohesión y consenso para llevar a cabo la guerra.

Para el público estadounidense e internacional existen amplias campañas de relaciones públicas y propaganda para la manipulación de la opinión popular. Pero el caso es muy distinto en Colombia donde el ponerse de pie es un acto algo peligroso que muchas veces termina con una bala hecha en EE.UU.

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