Por el MIM. Traducido por Células de Estudio para la Liberación de Aztlán y América Latina.

EE.UU. ha encarcelado a más de 1.800 extranjeros a partir de los ataques del 11 de septiembre. Ninguno de los detenidos ha sido acusado de ningún crimen relacionado a dichos ataques. Se sabe que un ciudadano de Pakistán murió en la cárcel después de que el gobierno aseguró que no existía absolutamente ninguna conexión entre él y los ataques terroristas.

El gobierno se rehusa a divulgar información sobre los detenidos y a muchos se les ha negado consultar a sus abogados y ponerse en contacto con sus familias. Las pocas llamadas telefónicas que se logran hacer a sus abogados pueden ser vigiladas. Y ahora pueden ser juzgados en secreto por tribunales militares que requieren menos pruebas de culpabilidad que las típicas audiencias criminales.

Parece que hasta la mitad de todos los detenidos ha sido absuelta de cualquier actividad terrorista pero no ha sido puesta en libertad. (1) Rafiq Butt, el hombre fallecido de 42 años de edad, quedó detenido por el gobierno por tres semanas aún después de descubrirse que no era terrorista. Según otros detenidos de la misma cárcel, a los presos del Medio Oriente los forzaron a desnudarse y los bañaron con aire helado. Un hombre quería describir estos abusos a sus esposa por teléfono cuando los guardias le cortaron su llamada a cobro revertido. (2)

Después de mucha resistencia por parte del FBI, el cuerpo de Butt fue transportado a Pakistán en octubre, donde se prosiguió con una autopsia en el Hospital Mayo Lahore. Según el primo de Butt, la autopsia reveló unas heridas en el cuerpo de Rafiq Butt que sugieren que había sido sometido a una severa tortura antes de morir. Se reportaron varias fracturas en las piernas y en el pecho del primo y profundas contusiones por todo el cuerpo. (3)

A partir del 30 de octubre, el gobierno federal puede espiar conversaciones entre abogados y presos federales y también puede leer su correo. Ashcroft hizó todo lo posible para quel Departamento de la Justicia aprobara esta nueva ley apresuradamente sin preocuparse por la opinión pública. La ley se extiende a todos los presos y detenidos por el gobierno federal, así como a todos aquellos que no han sido acusados de ningún crimen pero que han sido detenidos por razones de inmigración. Antes del 30 de octubre los agentes federales tenían que pedir permiso ante una corte para poder espiar este tipo de comunicación. La nueva ley permite que estos oficiales decidan por sí mismos si se traspasan los derechos constitucionales que protegen el derecho de los detenidos a un abogado y que prohíben búsquedas y apropriaciones injustas. (2)

El colmo es que en noviembre el presidente Bush firmó la orden ejecutiva número 14 la cual permite que los extranjeros sean juzgados en secreto por tribunales militares si se sospecha que están involucrados en el terrorismo. El mismo presidente decidirá quiénes serán juzgados de esta manera. (4) Los enjuiciados serán encarcelados de por vida o serán ejecutados y sólo podrán apelar la decisión al presidente o al secretario de la defensa.

Hasta los portavoces irresponsables como el periódico Los Angeles Times han comparado correctamente los juzgados militares de Bush con las malvadas cortes clandestinas del Perú. En el Perú, Egipto y en otras partes del mundo, donde las cortes que se ocupan de los rebeldes y que normalmente tratan crímenes con condenas duras y sentencias rápidas, los tribunales cometieron abusos indiscretos en contra de los derechos humanos, dijo Maximo Rivera, el ex-jefe de la policía anti-terrorista en el Perú. De 4.000 ciudadanos condenados por jueces militares, 600 de ellos han sido absueltos del crimen por las cortes civiles. No importa que los rebeldes tan sólo digan algunas palabras a favor del movimiento comunista del Perú, o el hecho de que no es un crimen rebelarse en contra de un gobierno bárbaro que defiende a los privilegiados a costa de los pobres y los hambrientos.

Pero no hay porqué preocuparse ya que los oficiales yanquis dicen que cualquier sospechoso que sea juzgado por los tribunales militares recibirá un juicio justo. ¿Ñómo podemos pensar lo contrario? Con Tom Ridge como el jefe de la seguridad nacional los derechos de todos se encuentran a salvo. Él fue quien negó la justicia a Mumia abu-Jamal argumentando a favor de su rápida ejecución y apoyando a policías y abogados mentirosos cuando trabajaba como gobernador de Pennsylvania. ¿Quién quiere apelar las decisiones de las cortes? Hasta con su supuesto nivel más alto de pruebas de culpabilidad, no importa que las cortes yanquis se equivoquen en tantos casos de la pena de muerte.

"Estas preocupaciones excesivas sobre los jueces encapuchados no tienen sentido"- dice William P. Barr, el ex-procurador general de EE.UU. Bueno, estos oficiales han de saber algo sobre el tema porque como hemos reportado durante la última década, la CIA ha asumido el papel principal en la organización de la bárbara campaña anti-terrorista del gobierno Peruano.

Notas:
1. Los Angeles Times, 16 de noviembre 2001.
2. November 2001 Arabia Online Ltd.
3. IslamOnline, http://www.khilafah.com/1421/category.php? DocumentID=2563&TagID=2.
4. Washington Post, 20 de noviembre 2001.
5. Los Angeles Times, 21 de noviembre 2001

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